No es ninguna novedad que los derechos de las personas mayores muchas veces sean atropellados o incluso ignorados. Recordemos que en nuestra queridísima Ciudad Petardo, hace algunos meses, los abuelos Quevedo y Castaño fueron trasladados de un hogar a otro sin su consentimiento, utilizando la fuerza para su traslado y, sobre todo, demostrando cómo una vez más, el Municipio hace y deshace a su manera, sin tener siquiera en cuenta que es la mismísima ley la que nos ampara y la que repudia todo abuso de autoridad.

Los sucesos transcurrieron en detrimento de ellos: los abuelos siguen en el hogar de Lima, se los ha despojado de algunas de sus pertenencias, y como si fuera poco, el responsable del Hogar de La Providencia, en Lima, el Padre Rubén Francischelli, falleció inesperadamente el Viernes 24 de Octubre (ver nota "¿Y ahora qué?");  con lo cual el panorama es algo confuso, ya que si bien se sabe que el hogar seguirá funcionando, no se sabe a ciencia cierta quiénes podrán aportar para que siga adelante.

Por otra parte, la Dra. Carolina Bidolegui, funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, se encargó de fundamentar su accionar diciendo que ambos abuelos eran violentos y que su traslado al hogar de Lima se llevó a cabo en pos del bienestar de los demás abuelos y de las enfermeras, quienes también eran, supuestamente, víctimas de sus maltratos (http://www.laautenticadefensa.com.ar/noticias.php?sid=58188).  

El Interbloque Coalición Cívica e Independientes presentó un pedido de informes  sobre las condiciones determinantes del traslado y situación de los abuelos trasladados, así como la forma en que el asilo municipal realiza sus actividades. Supuestamente, el caso sería investigado y tratado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Humano, integrada por los concejales Rosa Petta, Rubén Álvarez, Sergio Fernández, Tito Bonesi, Marcelo Busalacchi, Carlos Strobino y Juan Carlos Pandiani.

Hasta aquí, los sucesos que Cancercrisis ha venido informando acerca de los abuelos. Ahora bien, hace poco trascendió una noticia crucial para el desenvolvimiento de esta cuestión: el concejal de Frente por Campana, Rubén Álvarez, presentó el viernes 21 de noviembre una denuncia penal contra la Subsecretaria de Protección de los Derechos del Niño y Promoción Social,  ¿licenciada? María Felisa Díaz, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en virtud del caso de los abuelos -Quevedo y Castaño- que fueron sacados del Hogar Municipal. http://www.laautenticadefensa.com.ar/noticias.php?file=print&sid=59703&PHPSESSID=a05e7a3e70f8ff1a486ba338542c03ef

Ha trascendido que el jueves pasado, la fiscalía a cargo del Fiscal Juan José Montani, realizó el allanamiento al geriátrico "Hogar La Providencia" en donde se alojan nuestros abuelos Quevedo y Castaño. El allanamiento era en virtud de inspeccionar el lugar, ver el estado de los abuelos e incautar la documentación que ayudará a la causa. Ningún dato relevante se ha recavado en dicho allanamiento.

Al llegar al Hogar, el fiscal Montani y el médico que lo acompañaba fueron atendidos por la hermana de sangre del  Padre Rubén Francischelli, quien luego de la muerte de su hermano se hizo cargo de todo el establecimiento. Luego de inspeccionar el lugar y no encontrar ninguna anomalía realizaron el control médico correspondiente a Quevedo y a Castaño constatando que no están en malas condiciones pero que la institución no posee los elementos suficientes como para atender de una manera eficiente a los abuelos. Aún no hay datos precisos que revelen que pasará con la causa.

No sabemos cómo puede llegar a terminar esto. La única certeza es que seguiremos luchando por los derechos de los viejos. Por los derechos de todos. Y no hay sistema ni institución ni aparato político que pueda impedirlo. La justicia a veces llega, y otras veces…sale disparando.